Nuevo frente común de Unidas Podemos con las fuerzas independentistas para presionar al PSOE. Si hace unas semanas los morados se aliaron con ERC y EH Bildu para pedir que se regulara el precio del alquiler, este martes las tres formaciones presentaron una enmienda conjunta a los Presupuestos Generales del Estado para que incluyan la paralización de los desahucios de todas las familias vulnerables y la prohibición de los cortes de suministros básicos hasta el año 2022.
Actualmente, los desahucios de familias que vivan de alquiler y que hayan perdido su trabajo o hayan sufrido una importante reducción de sus ingresos a raíz de la crisis sanitaria están temporalmente suspendidos hasta el 31 de enero del año que viene. No ocurre lo mismo con los desalojos de familias que ya tuvieran dificultades previas a la pandemia, y de hecho en las últimas semanas se han producido varios lanzamientos muy mediáticos, como el de una madre de tres hijos en Madrid.
El corte de suministros básicos tampoco es actualmente ilegal. El pasado 29 de septiembre, el Gobierno se negó a prorrogar la prohibición de rescindir el suministro de la luz, el agua y el gas que había estado vigente desde marzo para familias sin ingresos suficientes para pagarlos, y a cambio únicamente articuló una regulación algo más amplia del bono social eléctrico.
En su momento, Unidas Podemos ya protestó por esta decisión, que adoptó el Gobierno pese a que la parte morada del Ejecutivo estuvo negociando hasta última hora para que se reconsiderase. Y ahora, la formación liderada por Pablo Iglesias vuelve a la carga intentando que la prohibición de desahucios y cortes de suministros a personas vulnerables no se circunscriba solo a la pandemia, sino que dure al menos hasta el 31 de diciembre de 2022 -cuando previsiblemente la situación sanitaria habrá mejorado- y acoja a todas las personas vulnerables, independientemente de que lo sean por la pandemia o estuvieran en esa situación previamente.
La escenificación de este frente junto a ERC y EH Bildu, además, sirve a Unidas Podemos para reafirmar su posición de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que la formación morada quiere pactar con los independentistas y no con Cs, a quien el PSOE insiste en incluir en la negociación. De hecho, esta presión fue planteada a las claras por el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, que aseguró que "falta un actor importantísimo, que es el PSOE". "Espero que por el momento", señaló.
Por su parte, el portavoz de En Comú Podem, Jaume Asens, fue más conciliador y aseguró que los socialistas "entienden" que las tres formaciones hayan presentado la enmienda, aunque no la respalden. "Estamos convencidos de que conseguiremos su apoyo" durante el trámite parlamentario, afirmó Asens
La excepción, si el propietario también es vulnerable
De incluirse esta enmienda en los Presupuestos, la nueva normativa entraría en vigor en torno a enero, aunque contendría excepciones. Una de ellas afectaría a los propietarios de un inmueble alquilado que pudieran acreditar que se encuentran en una situación vulnerable: en esos casos sí se podría ejecutar un desahucio si hay impago de la cuota o si el contrato finaliza, aunque el inquilino también acreditase vulnerabilidad.
Además de su falta de recursos económicos, para suspender el desahucio el inquilino tendrá que demostrar ante los tribunales que no tiene "alternativa habitacional" tanto para sí como para las personas con las que convive. Es decir, que si son desalojados, se quedan en la calle.
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